Contratar

En principio, cualquier asociación está habilitada para contratar trabajadores y convertirse en empleador, salvo que:

• Sus Estatutos establezcan lo contrario o
• Haya solicitado la exención de IVA por reconocimiento de su carácter social. En este caso, los cargos de Presidente o representante legal, exclusivamente, se ejercerán a título gratuito, no pudiendo por tanto ser remunerados por el desempeño de esa función.

Como empleador, tendrá idénticos derechos y deberes a los de cualquier otra persona física o jurídica, con o sin ánimo de lucro, que ostente la citada condición.

Entre los derechos podemos mencionar:

• El poder de dirección. Que es la facultad del empresario para dictar órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de ejecución del trabajo, así como sobre la cantidad y calidad del mismo.
• El poder de variación de las condiciones de trabajo, cuando se produzca alguna de las circunstancias previstas en el ordenamiento, modulando, variando o transformando la ejecución del trabajo con el fin de adaptarlo a las necesidades productivas.
• El poder disciplinario, que cosiste en la facultad de vigilar y controlar la ejecución del trabajo y el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones, pudiendo imponer sanciones en caso de constatar incumplimientos de deberes.

En cuanto a los deberes, habrá de garantizar el ejercicio de los derechos económicos y profesionales de los trabajadores, así como el resto de los derechos fundamentales reconocidos a los mismos. Además de ello, velará porque se den las debidas condiciones en materia de entorno, seguridad e higiene en el trabajo, sin olvidar de los deberes administrativos que el ordenamiento legal prevé

Al menos hay tres obligaciones muy claras:

1.- Comunicación de la apertura del centro de trabajo:

• Corresponde al empresario comunicar a la autoridad laboral competente, tanto la apertura de un centro de trabajo, como la reanudación de su actividad después de alteraciones ampliaciones o transformaciones de importancia.
• Esta comunicación ha de realizarse ante la Consejería de Economía y Empleo, dentro de los 30 días siguientes al hecho causante, pudiendo realizarse presencialmente o a través de este enlace.

Existe el principio de libertad de forma en la contratación, es decir, las partes pueden elegir la forma del contrato de trabajo, pudiendo celebrarlo por escrito o de palabra. Sin embargo, si se opta por la segunda opción, cualquiera de las partes puede exigir, en cualquier momento de la relación laboral, su formalización por escrito. En ese caso, si la relación laboral supera las cuatro semanas, el empresario debe informar por escrito al trabajador de los elementos esenciales del contrato y de las condiciones de la prestación laboral, así como de sus modificaciones posteriores.

Otra cosa es que determinados contratos deben formalizarse por escrito:

• Todos los temporales: para obra o servicio determinado, de interinaje, en prácticas, para la formación, de relevo, a través de ETT, etc.
• Las relaciones laborales especiales: de alta dirección, abogados, artistas, deportistas profesionales, personas con discapacidad en centros especiales de empleo, etc.
• Otros contratos: acogidos a programas de fomento del empleo, a tiempo parcial, fijos-discontinuos, a domicilio, etc.

El Servicio Público de empleo define el contrato de trabajo como “un acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución.”

Pueden firmarlo:

• Las personas mayores de 18 años o menores legalmente emancipadas
• Las personas mayores de 16 y menores de 18 si tienen autorización de los padres o de quien los tenga a su cargo. Si viven de forma independiente, con el consentimiento expreso o tácito de sus padres o tutores.
• Los extranjeros de acuerdo con la legislación que les sea aplicable.

El periodo de prueba es optativo y de acordarlo, se deberá reflejar por escrito en el contrato. Su duración máxima se establecerá en los Convenios Colectivos, y en su defecto la duración no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, o de dos meses para el resto de los trabajadores.